El Excmo. Sr. Rector de la UPV deberá explicar en el juzgado por qué se niega a exigir a varios profesores de la Facultad de Medicina que devuelvan el dinero que cobraron por clases que no impartieron.
Las clases prácticas constituían una buena parte de la “supuesta” actividad docente, y por supuesto remunerada, de estos profesores de la Asignatura de Medicina Preventiva y Salud Pública de 6º curso. Sin embargo, no las daban ellos; los alumnos simplemente acompañaban a médicos de familia en su quehacer diario en centros de Osakidetza. Y tal función se asumía por los facultativos de la sanidad pública sin contraprestación alguna, altruistamente.
La irregularidad se ha venido produciendo, por lo menos, desde hace 7 años y afecta a un nutrido grupo de profesores. Alguno de ellos incluso ha tenido la desfachatez de solicitar que en su contrato se aumente el número de estas horas prácticas.
El Rectorado de la UPV, tras una denuncia sindical, concluyó que los afectados no habían cobrado cantidades indebidas, que simplemente se trataba de un “cómputo erróneo de las horas de prácticas externas en la asignación del encargo docente” de los mismos, y que ya se habían adoptado las medidas oportunas para corregirlo.
Con jerga administrativa pretendía ocultar algo evidente: que estos señores estaban cobrando parte de su sueldo como remuneración por un trabajo que en realidad estaban haciendo otros y gratis.
Y hubiese o no una actividad premeditada por parte de los implicados para cobrar dinero público “por la cara”, fuese o no delito, lo que es absolutamente inaceptable es que el encargado de cuidar del buen uso de esos recursos, que son de todos, el Excmo. Sr. Rector, al que pagamos entre todos por ello, conociendo como conoce los hechos, se ampare en subterfugios normativos, no ya para no sancionar a los responsables, sino para evitar sencillamente exigirles que devuelvan lo que han cobrado a costa de las arcas públicas sin haber trabajado para merecerlo.
Hubo un tiempo no hace mucho en que parecía imposible que una personalidad con el estatus social del Sr. Goirizelaia tuviese que declarar como imputado en un juzgado de instrucción por un asunto como este; señores Catedráticos de universidad, Médicos Jefes de Servicio de hospital… ¿pringados por cuatro duros? No. ¡Qué va!
Todavía queda demasiado de aquello, pero, por fortuna, el viento está cambiando.
El Sr. Goirizelaia, en breve, tendrá que sentarse ante el juez en la misma silla en la que poco antes habrá estado algún inmigrante sin papeles, un toxicómano o un maltratador, para dar muchas explicaciones. Entre ellas, si siendo suyo el dinero y no dependiendo su cargo de los votos de los profesores caraduras, habría actuado como lo ha hecho.
Y como hasta ahora en este tema, allí estará LEGE-BERRI Abogados haciendo todo lo posible por que no se vaya por los Cerros de Úbeda.
